El Gobierno provincial dispuso la cesantía de dos médicos que se desempeñaban en hospitales públicos, tras la confirmación de graves irregularidades en su conducta profesional, que incluyeron desde presentarse a trabajar en estado de ebriedad hasta situaciones de abuso y violencia de género en el ámbito laboral.
Uno de los casos involucra a un médico del Hospital Malargüe, quien fue separado de su cargo luego de un sumario administrativo iniciado tras constatarse que se presentó a trabajar alcoholizado y protagonizó un episodio denunciado como abuso sexual simple por una enfermera. De acuerdo al Decreto 103/25, el profesional debía ingresar a su turno a las 8 de la mañana, pero lo hizo recién pasadas las 10:30 en evidente estado de ebriedad, lo que le impedía cumplir con sus funciones.
A esta situación se sumaron conductas inapropiadas dentro del ámbito laboral, particularmente en relación a una enfermera que lo denunció por abuso. La causa avanzó en la Justicia y el médico fue condenado por abuso sexual simple, aunque la sentencia fue apelada ante la Suprema Corte. En función de estos antecedentes, las autoridades concluyeron que el profesional incumplió las normas que regulan el ejercicio de la medicina y su desempeño dentro del sistema de salud, motivo por el cual se resolvió su cesantía.
El segundo caso corresponde a un médico que prestaba servicios en el Hospital Central, quien también fue apartado de su cargo tras una denuncia por violencia de género en el ámbito laboral. Una trabajadora del hospital lo acusó de sostener durante el tiempo conductas reiteradas de acoso psicológico, caracterizadas por maltratos, humillaciones, descalificaciones e insultos.
Según consta en la investigación administrativa, el profesional también incurrió en omisiones y abusos de poder en el desempeño de sus funciones, generando un entorno laboral hostil que provocó un fuerte desgaste físico y emocional en la denunciante. El sumario permitió corroborar estos hechos, estableciendo que los episodios de maltrato fueron reiterados y sostenidos en el tiempo, afectando el normal desarrollo de las tareas de la trabajadora.
Frente a la gravedad de los hechos y tras la recopilación de pruebas, el Ejecutivo provincial resolvió la cesantía de ambos profesionales, al considerar que sus conductas vulneraron de manera directa las normas que rigen el ejercicio de la función pública y el respeto en los ámbitos laborales, especialmente en instituciones de salud donde la responsabilidad y la ética profesional resultan fundamentales.
