El Gobierno de Mendoza avanza en una nueva etapa de su política habitacional con dos ejes centrales: la continuidad de programas de construcción y crédito para viviendas, y un proyecto de ley que apunta a agilizar la desadjudicación de casas del IPV en casos de mora o mal uso. Así lo explicó el director del Instituto Provincial de la Vivienda, Gustavo Cantero, en diálogo con MinutoYa.
El funcionario destacó que actualmente existen cinco líneas habitacionales activas en Mendoza, diferenciadas según el nivel de ingresos de cada grupo familiar. Entre ellas, mencionó programas sociales articulados con municipios y también herramientas orientadas al acceso mediante crédito.
"Hoy tenemos cerca de 2.600 soluciones habitacionales en ejecución entre todos los programas", señaló Cantero. En ese marco, aclaró que muchas de esas viviendas ya tienen destinatarios definidos previamente mediante registros municipales de necesidades habitacionales.
Según explicó, las líneas sociales están destinadas a familias de hasta tres salarios mínimos y se desarrollan en conjunto con los municipios. A eso se suman programas centralizados como "IPV Mi Casa" y la línea crediticia "Construyo Mi Casa", que actualmente permanece abierta para quienes cumplan los requisitos.
Cantero remarcó además que el financiamiento de las viviendas depende hoy íntegramente de recursos provinciales. "La financiación se hace con presupuesto propio y dependerá de nuevas unidades en función de la recaudación", sostuvo.
Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo vinculado al recupero de cuotas y la sostenibilidad del sistema habitacional. El titular del IPV aseguró que cuando asumieron la gestión, en enero de 2024, el organismo registraba una mora superior al 50%. "Logramos bajarla hoy cerca del 30%. Siete de cada diez personas pagan el IPV", afirmó, en línea con lo expresado recientemente por el gobernador Alfredo Cornejo.
No obstante, aclaró que gran parte de quienes presentan dificultades de pago pertenecen a sectores de alta vulnerabilidad social o familias trasladadas desde asentamientos. En esos casos, indicó que el IPV prioriza acuerdos y planes de regularización antes que sanciones.
"La gente cree que hacen falta salarios muy grandes para acceder a los programas, y no es así", explicó luego sobre la línea "Construyo Mi Casa". Según detalló, el sistema contempla seis alternativas de viviendas de 55 metros cuadrados y requiere contar con terreno propio y un ahorro previo equivalente al 15% del valor de la obra.
Actualmente, el programa está orientado a grupos familiares con ingresos superiores al millón y medio de pesos. Las cuotas, aseguró, representan aproximadamente el 20% del ingreso familiar y se actualizan mediante el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), no por UVA.
Durante la entrevista, Cantero también hizo referencia al déficit habitacional de Mendoza, que estimó en más de 100 mil viviendas. En ese contexto, planteó que el sistema público por sí solo no logra cubrir la demanda.
"El IPV históricamente no hace más de 2.000 viviendas por año. En las mejores épocas llegó a 3.000, pero no alcanzás nunca a combatir el déficit", sostuvo.
Por eso, defendió una política orientada a combinar presencia estatal y mayor participación del sector privado mediante créditos hipotecarios de largo plazo.
"El Estado debe estar para ayudar a la gente que más necesita, pero la clase asalariada tiene que poder acceder al crédito hipotecario en condiciones normales", afirmó.
Otro de los anuncios relevantes tiene que ver con el proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial para modificar artículos del Código Procesal Civil y acelerar los procesos de recuperación de viviendas del IPV.
Cantero explicó que actualmente el organismo puede avanzar administrativamente en la desadjudicación, pero luego enfrenta demoras judiciales para recuperar efectivamente los inmuebles. "Queremos llevar estos procesos a los juzgados de paz para que tengan procedimientos más breves y rápidos", indicó.
El foco principal estará puesto en los casos de "mal uso" de las viviendas sociales, especialmente situaciones donde propiedades adjudicadas fueron utilizadas con fines comerciales o alquiladas irregularmente. "Hemos detectado casos emblemáticos de viviendas publicadas en redes sociales para obtener un beneficio económico", aseguró.
De todos modos, aclaró que la mayoría de los conflictos por deuda suelen resolverse mediante acuerdos de pago. "En un 90% de los casos por mora, la gente responde, viene y regulariza", señaló.
La nueva herramienta legal buscará acelerar únicamente aquellos casos donde no exista voluntad de pago o se detecten usos incompatibles con el objetivo social de las viviendas adjudicadas.
