La víctima es una menor de edad que estaba sometida por una pareja y su hijo, miembros de la colectividad Romani, quien estaba privada de su libertad y había sido obligada a contraer una unión forzada de hecho.
En ese marco, las tareas investigativas de la Fuerza permitieron reconstruir una línea temporal precisa de los hechos, constatando la violencia extrema que la joven sufrió.
En el marco de una investigación exhaustiva y compleja, por disposición de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "San Juan" realizó un arduo trabajo que permitió esclarecer un grave caso de trata, consumada y agravada por tratarse de una menor de edad.
Todo comenzó en abril del año pasado con una denuncia anónima al sistema de emergencias 911, donde una denunciante alertó sobre el posible secuestro de una joven, en el departamento de Caucete, provincia de San Juan. Inmediatamente, se activaron protocolos logrando interceptar el vehículo señalado, en el cual se trasladaba la menor de edad con su hijo recién nacido y acompañada por varias personas.
De las primeras averiguaciones, las autoridades pudieron saber que la joven había sido obligada a contraer matrimonio con el hijo de esa familia y, posteriormente, a asumir la maternidad. También advirtieron que vivió todo tipos de violencias, desde haber sido trasladada de manera constante por las provincias de Neuquén, Córdoba y Santa Fe, hasta sometimientos, agresiones físicas, explotación laboral, restricción al sistema de salud, privación alimentaria y violencia psicológica.
Siguiendo con las pesquisas, uno de los ejes del trabajo investigativo fue el entrecruzamiento de información, que permitió reconstruir una línea temporal, precisa, con los hechos y establecer el rol de cada uno de los involucrados en todas las etapas del sometimiento logrando consolidar y dar sustento a la hipótesis de explotación. Además, fue fundamental el trabajo en conjunto con las Unidades de Investigación de Gendarmería de Neuquén, Córdoba y Santa Fe.
El Ministerio Público Fiscal articuló acciones con Procuraduría de trata y Explotación de Personas y otros organismos institucionales, aportando a la mirada integral de la investigación. Esta solidez probatoria permitió sostener la acusación y la condena de 10 años sobre los imputados del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan.
