La Unidad Fiscal de Delitos No Especializados dio un giro determinante en la investigación por las amenazas de tiroteos que mantienen en alerta a la comunidad educativa de la provincia de Mendoza. El fiscal Juan Manuel Sánchez ordenó la detención preventiva y el traslado a la penitenciaría de la madre del menor que ingresó con una réplica de arma de fuego a un establecimiento escolar, en una causa que ha escalado en gravedad en los últimos días.
La medida apunta a endurecer la situación procesal de la mujer. En un primer momento había sido imputada como instigadora, pero el avance de la investigación permitió reencuadrar su conducta en una figura penal más severa, teniendo en cuenta el contexto de alarma pública generalizada que atraviesan los colegios mendocinos.
Las amenazas, que comenzaron a aparecer en forma de pintadas en los baños de distintas escuelas desde el martes de la semana pasada, generaron preocupación entre alumnos, docentes y familias. Para la Justicia, el hecho de que el adolescente haya portado una réplica de arma de fuego en medio de este clima no constituye un episodio aislado, sino que se inscribe dentro de una cadena de as que incrementaron el temor social.
En ese sentido, se aplicó el artículo 211 del Código Penal, que sanciona la intimidación pública, en conjunto con el agravante por la intervención de un menor, lo que eleva significativamente el reproche legal hacia la adulta señalada como responsable.
Debido a la escala penal prevista -que va de los 3 a los 8 años de prisión- y al riesgo de entorpecimiento de la investigación, el fiscal Sánchez consideró que existe una expectativa de pena de cumplimiento efectivo. Bajo estos argumentos, dispuso la detención inmediata de la imputada.
En los fundamentos de su resolución, el fiscal destacó que al momento en que el adolescente llevó la réplica al colegio ya estaban vigentes las alertas por amenazas de tiroteos en varios establecimientos de la provincia. Por ello, calificó como especialmente grave que la madre haya instigado a su propio hijo a participar en un acto que profundizó la intranquilidad de la población.
En paralelo, las escuelas afectadas activaron los protocolos de la Dirección General de Escuelas, que incluyen medidas preventivas como la asistencia a clases sin mochilas hasta que la situación se normalice.
La mujer permanecerá alojada en la cárcel mientras avanza la investigación. Desde el ámbito judicial advirtieron que se continuará actuando con rigurosidad frente a cualquier conducta que busque generar pánico o caos en las instituciones educativas de Mendoza.
