La investigación por la muerte del anestesista mendocino Alejandro Zalazar, ocurrida en el marco del denominado "PropoFest", suma nuevas medidas judiciales. La Justicia ordenó la apertura y peritaje de su teléfono celular, en un intento por reconstruir sus últimas horas y esclarecer las circunstancias que rodearon el hecho.
El caso continúa siendo investigado como una muerte "dudosa", mientras los investigadores avanzan en distintas líneas para determinar si hubo responsabilidades de terceros en el fallecimiento del profesional, quien murió por una sobredosis.
En este contexto, también está previsto que se realicen peritajes sobre los celulares de Hernán Boveri y Fini Lanusse, ambos imputados en la causa por los delitos de administración fraudulenta y hurto de droga. Los dispositivos podrían aportar información clave sobre la organización del evento, el acceso a sustancias y las posibles responsabilidades en lo ocurrido.
Fuentes judiciales indicaron que el análisis de los teléfonos será fundamental para establecer comunicaciones, movimientos y vínculos entre los implicados en las horas previas al fallecimiento de Zalazar, en una causa que mantiene múltiples interrogantes abiertos.
La investigación sigue su curso con el objetivo de esclarecer un hecho que generó conmoción en el ámbito médico y que podría derivar en nuevas imputaciones a medida que se incorporen pruebas al expediente.
